Gobierno de Trump demanda a mujer hispana por desacatar orden de deportación y le impone multa cercana al millón de dólares

Estados Unidos.
El Gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda civil contra una mujer hispana por no acatar una orden final de deportación, exigiéndole el pago de una multa que asciende a casi un millón de dólares, una de las más altas registradas hasta la fecha en este tipo de casos.

De acuerdo con información revelada por el medio Político, la demanda fue interpuesta contra Marta Alicia Ramírez Véliz, a quien las autoridades migratorias acusan de permanecer ilegalmente en Estados Unidos durante más de tres años, pese a haber perdido definitivamente su caso migratorio en 2022.

La querella, presentada ante un tribunal federal en Richmond, Virginia, reclama el pago de 941,114 dólares más intereses, monto calculado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Dicha legislación establece que todo extranjero sujeto a una orden final de deportación que se niegue o incumpla deliberadamente con abandonar el país puede enfrentar sanciones económicas severas.

Según el Departamento de Justicia, Ramírez Véliz tenía la obligación de salir de Estados Unidos desde el 1 de julio de 2019. Al no hacerlo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a aplicar una multa diaria de 998 dólares por cada día de permanencia irregular.

La cifra final surge de la acumulación de 943 días de infracción, contados desde que la Junta de Apelaciones de Inmigración rechazó su apelación hasta que ICE emitió una factura formal en abril de 2025. Al no recibir respuesta ni pago por parte de la mujer, el Gobierno decidió acudir a la vía judicial para hacer efectiva la sanción.

Abogados especializados en migración han señalado que este esquema de sanciones fue reforzado durante la administración Trump y que el caso de Ramírez Véliz podría convertirse en la multa más alta impuesta hasta ahora dentro de una serie de demandas similares presentadas recientemente contra inmigrantes con órdenes finales de deportación.

El endurecimiento de las políticas migratorias ha generado una creciente ola de protestas en distintas ciudades del país. El 25 de enero de 2026, cientos de manifestantes se congregaron en el centro de Los Ángeles, marchando desde la histórica Placita Olvera hasta un edificio federal, para rechazar los operativos de ICE y denunciar lo que consideran abusos por parte de las autoridades migratorias.

Las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica, con pancartas y consignas en defensa de los derechos de los inmigrantes, en un contexto de alta tensión tras recientes incidentes violentos atribuidos a agentes federales.

El caso de Marta Alicia Ramírez Véliz reaviva el debate nacional sobre la aplicación de sanciones económicas extremas como mecanismo de presión para ejecutar deportaciones, una estrategia que continúa generando controversia legal, social y política en Estados Unidos.