Gobierno destinó más de RD$9,000 millones a subsidios de combustibles para transportistas; Conatra y Fenatrado figuran entre los principales beneficiarios
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Gobierno destinó más de RD$9,000 millones a subsidios de combustibles para transportistas; Conatra y Fenatrado figuran entre los principales beneficiarios
Los recursos, entregados desde 2021, aumentaron con sucesivas adendas al acuerdo entre el MICM y el Intrant, mientras los documentos revisados no detallan los criterios utilizados para distribuir los fondos entre las federaciones.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El Gobierno dominicano ha destinado más de RD$9,000 millones a subsidios de gasoil para federaciones de transporte desde 2021, mediante un mecanismo creado inicialmente para enfrentar el encarecimiento de los combustibles tras la pandemia del COVID-19, pero que se extendió durante varios años a través de sucesivas modificaciones del acuerdo original.
La iniciativa fue establecida en septiembre de 2021 mediante un convenio entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). El acuerdo inicial comprometía RD$304.99 millones durante cinco meses para 14 federaciones de transporte, con límites mensuales para la entrega de combustible.
Sin embargo, en marzo de 2022 ambas instituciones suscribieron un nuevo acuerdo que prolongó el programa por más de tres años. Según los documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública, el monto de los subsidios aumentó progresivamente hasta superar los RD$250 millones mensuales.
Un subsidio que continúa creciendo
El mecanismo contempla que el MICM transfiera los recursos a distribuidores mayoristas de combustibles autorizados y transportistas habilitados, mientras que el Intrant verifica las facturas y comprueba que correspondan a los límites establecidos antes de autorizar los pagos.
Las sucesivas adendas justifican los aumentos, entre otros argumentos, por las variaciones de los precios internacionales del petróleo y la inestabilidad política internacional. No obstante, los documentos examinados no explican con datos específicos por qué las asignaciones aumentaron con el tiempo ni por qué el programa no volvió a reducirse o eliminarse.
El convenio original contemplaba un tope mensual de RD$61 millones. Posteriormente, la asignación aumentó a RD$105 millones en marzo de 2022 y a RD$136 millones en mayo de ese mismo año, hasta alcanzar niveles superiores a los RD$250 millones mensuales.
Conatra y Fenatrado concentran una parte importante de los recursos

La distribución de los fondos muestra diferencias significativas entre las federaciones beneficiarias. En el acuerdo original, la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) recibía el 28.48 % del monto mensual total, mientras que la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) obtenía el 25.87 % y la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), el 18.73 %.
Conatra es presidida por el senador Antonio Marte, representante de Santiago Rodríguez, mientras que Fenatrado está encabezada por Ricardo de los Santos, senador por Sánchez Ramírez y presidente del Senado. Fenatrano, por su parte, es presidida por Juan Hubieres.
En septiembre de 2023, con la cuarta adenda, la participación de Conatra aumentó al 33.3 %, mientras que Fenatrado mantuvo una proporción cercana al 25.8 % y Fenatrano descendió al 13.1 %.
Aunque la lista inicial incluía 14 federaciones, posteriormente se incorporaron nuevas entidades hasta alcanzar al menos 20 beneficiarias en la última etapa documentada. Pese a esos cambios, las tres organizaciones principales concentraron más del 70 % de los recursos destinados al programa, según la investigación original.
Falta de criterios públicos para la distribución
Uno de los principales cuestionamientos señalados en los documentos es la ausencia de una metodología detallada que explique cómo se determinan los montos asignados a cada federación.
Aunque el acuerdo inicial establecía que las instituciones involucradas definirían los criterios para seleccionar a los beneficiarios y establecer los niveles de apoyo, las adendas revisadas no incluyen una fórmula de distribución ni datos sobre el número de vehículos, choferes afiliados o flotas que permitan justificar las diferencias entre organizaciones.
Esta falta de información dificulta evaluar con precisión si los recursos se distribuyen en proporción a las necesidades reales de cada entidad y si los montos asignados responden a parámetros verificables.
Cambios en el origen de los fondos
Los registros presupuestarios también reflejan una modificación en la fuente de financiamiento. El convenio de 2021 identificaba el fondo de origen como «0814, Apoyo Presupuestario Recursos Externos», mientras que los registros posteriores, desde marzo de 2022, pasaron a utilizar la categoría «000100, Fondo General».
De acuerdo con la investigación, este cambio implica que el programa pasó a financiarse con recursos del presupuesto ordinario del Estado dominicano, sin que las adendas revisadas ofrecieran una explicación específica sobre la modificación.
Un compromiso pendiente de explicación
La prolongación del subsidio plantea interrogantes sobre la transparencia, la distribución de los recursos públicos y la evaluación de los resultados del programa. Una medida concebida originalmente para responder a una situación extraordinaria se convirtió en un compromiso presupuestario sostenido durante varios años.
Hasta la fecha reflejada en los documentos examinados, no se identifica una explicación pública detallada que justifique la evolución de los montos, los criterios de reparto entre las federaciones y las razones por las que el programa se mantuvo sin una evaluación pública documentada.
Para determinar su efectividad y conveniencia fiscal, resultaría relevante conocer los resultados de auditorías o evaluaciones, los volúmenes de combustible efectivamente entregados y los indicadores utilizados para medir el impacto del subsidio en los costos del transporte público.
Fuente: Documentos del convenio entre el MICM y el Intrant, sus adendas y registros obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública, según el material de investigación suministrado.




