Condenan a 30 años al yerno de Edmundo González en un juicio denunciado como “represalia política”
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La crisis política y judicial de Venezuela volvió a encender las alarmas internacionales este miércoles 3 de diciembre de 2025, luego de conocerse la condena a 30 años de prisión contra Rafael Tudares Bracho, yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. La familia del detenido calificó el fallo como una nueva muestra de persecución política, mientras la defensa sostiene que el proceso estuvo marcado por irregularidades extremas.
Un juicio exprés y sin garantías
Tudares Bracho enfrentaba acusaciones de terrorismo y conspiración, además de otros señalamientos que, según sus familiares, carecen de sustento. Su esposa, Mariana González de Tudares, denunció que el juicio se realizó en una única audiencia de más de 12 horas el pasado 28 de noviembre, sin garantías procesales y sin la notificación formal inmediata del veredicto.
“Mi esposo habría sido condenado a 30 años de prisión por supuestos delitos graves (…) los cuales él no ha cometido. Rafael es inocente”, expresó en un comunicado. Señaló además que su familia considera que Tudares Bracho es víctima de una desaparición forzada, tras ser “secuestrado” por hombres encapuchados el 7 de enero, cuando se dirigía con sus hijos a la escuela.
Una decisión con motivación política, según González Urrutia
Desde su exilio en España, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguró que la sentencia constituye un acto de “represalia política” por su insistencia en defender que él ganó las elecciones del 28 de julio de 2024, comicios que la oposición y varios gobiernos han tachado de fraudulentos.
El dirigente opositor señaló que el fallo es “una decisión sin sustento jurídico e incompatible con la Constitución”, y que sólo busca ejercer presión sobre su familia y distorsionar la voluntad popular expresada en las urnas.
Un patrón de persecución denunciado por organismos internacionales
El caso se suma a un creciente número de denuncias sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procesos judiciales politizados en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos han advertido que el sistema judicial del país es utilizado como herramienta para reprimir a opositores, familiares y colaboradores cercanos.
La condena de Tudares Bracho, considerada la pena máxima vigente en la legislación venezolana, refuerza las preocupaciones sobre el deterioro institucional y la falta de independencia de los tribunales.
Un nuevo episodio en una crisis que no cesa
Mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo del caso, el exilio político de González Urrutia y la presión sobre su entorno familiar evidencian que la disputa por el control político de Venezuela continúa generando profundas tensiones.
La familia del condenado adelantó que continuará las gestiones legales y denuncias ante organismos internacionales para exigir su liberación y exponer lo que consideran un proceso judicial plagado de arbitrariedades.
