Decisión de Luis Abinader sobre proyecto Romero provoca pérdidas millonarias a mineras en San Juan

Santo Domingo. — La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la paralización inmediata de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan de la Maguana, provocó un impacto significativo en los mercados bursátiles internacionales, generando pérdidas millonarias para empresas mineras con presencia en República Dominicana.

Las compañías canadienses GoldQuest Mining Corp., Precipitate Gold Corp. y Unigold Inc. registraron fuertes caídas en sus acciones, con pérdidas que oscilaron entre un 16 % y un 57 % durante la última jornada.

GoldQuest, promotora del proyecto Romero, fue una de las más afectadas en términos de valor. Sus acciones cerraron en 1.61 dólares canadienses, con una caída cercana al 17 % en un solo día y una pérdida acumulada semanal superior al 25 %. La magnitud del descenso llevó a la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá a suspender temporalmente su cotización tras registrar pérdidas intradía superiores al 19 %.

Antes del anuncio del Gobierno dominicano, la empresa había alcanzado una capitalización cercana a los 900 millones de dólares canadienses en la TSX Venture Exchange. Tras la caída, su valor de mercado se redujo a un rango estimado entre 550 y 700 millones, lo que implica una destrucción de valor de entre 200 y 350 millones de dólares canadienses en pocos días.

La reacción más severa del mercado la experimentó Precipitate Gold, cuyas acciones se desplomaron un 57.3 % en una sola jornada, pasando de 0.48 a 0.20 dólares canadienses. En el transcurso de una semana, la empresa ha perdido cerca del 65 % de su valor bursátil.

Precipitate posee tres proyectos en República Dominicana: Juan de Herrera, en San Juan, y Pueblo Grande y Pontón, en la provincia Sánchez Ramírez. Su capitalización bursátil pasó de aproximadamente 108 millones de dólares canadienses a un rango estimado entre 60 y 90 millones, lo que representa pérdidas de entre 40 y 50 millones.

La medida del Gobierno se produce tras semanas de protestas sociales y preocupaciones ambientales en San Juan, donde diversos sectores han manifestado su oposición a la explotación minera en la zona.

Analistas consideran que la decisión refleja una priorización de criterios ambientales y sociales, aunque también advierten sobre su impacto en la percepción de riesgo país y la confianza de los inversores internacionales.