SENASA y la corrupción que cuesta vidas

Hay corrupciones que indignan y otras que estremecen. No es lo mismo inflar una obra pública que vaciar, en silencio, los fondos del sistema que sostiene la salud de millones. El escándalo que sacude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) pertenece a esta segunda categoría: la que no solo compromete dinero público, sino que erosiona directamente el derecho a vivir con dignidad.

El expediente que hoy cursa en los tribunales atribuye un perjuicio superior a los 15 mil millones de pesos, una cifra que, aun sin sentencia definitiva, basta para dimensionar la magnitud del daño. No se trata de un desliz administrativo ni de una irregularidad menor: es un golpe estructural al principal instrumento de protección sanitaria del Estado dominicano.

Lo inquietante no es solo el monto, sino cómo salió a la luz. La investigación periodística precedió a la acción institucional, dejando una pregunta incómoda flotando en el ambiente: ¿fallaron los controles o alguien decidió mirar hacia otro lado? En cualquiera de los dos escenarios, la responsabilidad no es menor.

La reacción judicial fue rápida. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a varios de los imputados, declaró el caso complejo y dictó medidas restrictivas a otros involucrados. Sin prejuzgar culpabilidades —porque la justicia se decide en sentencia—, el mensaje institucional es claro: cuando el dinero público se organiza en redes, la respuesta del Estado no puede ser individual ni tímida.

Pero el verdadero epicentro del daño está fuera de los tribunales. Senasa brinda cobertura a más de 7.4 millones de afiliados, en su mayoría ciudadanos de ingresos bajos y medios. Detrás de cada peso desviado hay una autorización que se retrasa, un medicamento que no llega a tiempo, una consulta pospuesta. La corrupción en salud no es abstracta: tiene nombre, rostro y consecuencias.

En el plano económico, el impacto se multiplica. Los retrasos en pagos a prestadores, la fragilidad en la atención primaria y la presión financiera sobre el sistema terminan trasladándose a los pacientes. El costo real no es solo lo robado, sino la confianza perdida y la ineficiencia que queda como secuela.

Socialmente, el daño es aún más profundo. Quien puede, migra a lo privado; quien no, espera. La corrupción sanitaria funciona como una enfermedad silenciosa que siempre afecta más al que menos tiene. No discrimina en el expediente, pero sí en la fila.

También hay un costo institucional. Médicos, clínicas y farmacias que cumplen las reglas quedan bajo sospecha generalizada. Cuando el sistema pierde credibilidad, florecen los atajos, los pequeños fraudes y el “resolver como se pueda”. El deterioro no es inmediato, pero es persistente.

El presidente Luis Abinader ha reiterado una frase que hoy adquiere peso político y moral: “Tengo amigos, pero no cómplices”. En este caso, esa consigna se convierte en prueba de coherencia. La cercanía personal no puede, ni debe, blindar a nadie frente a la ley.

Según los detalles conocidos del expediente, se investigan contratos irregulares, violaciones a los procedimientos legales y la incorporación de prestadores sin cumplir requisitos, presuntamente mediante sobornos. Si eso se confirma en juicio, el problema no será una excepción individual, sino un sistema de incentivos y controles fallidos que permitió que la anomalía se normalizara.

La lección es tan clara como urgente: en salud, los controles no pueden ser decorativos. Auditorías permanentes, trazabilidad digital, supervisión real de pagos y contrataciones. Porque en este sector, el diablo no está en los detalles… está en las facturas.

Cuando se corrompe el seguro de salud del Estado, no se roba al gobierno.
Se roba tiempo de vida.
Y ese es el costo más alto que puede pagar una sociedad.