Sánchez Ramírez deja de recibir más de RD$12,280 millones de la bonanza minera mientras el oro alcanza récords históricos

A pesar de que el sector minero dominicano registró utilidades netas por RD$56,286.74 millones en el último año y el precio del oro ha alcanzado la cifra histórica de US$5,000 la onza en 2026, la provincia Sánchez Ramírez enfrenta un marcado déficit en los recursos que por ley le corresponden. En la última década, el Estado dominicano ha retenido más de RD$12,283 millones destinados al desarrollo comunitario, entregando solo una fracción de los beneficios generados por la mina Barrick Pueblo Viejo.

La brecha entre la ley y el Presupuesto Nacional

La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (No. 64-00) establece que los municipios donde se extraen recursos no renovables deben recibir el 5 % de los beneficios netos. Sin embargo, en la práctica administrativa el dinero no fluye de manera directa desde las mineras hacia la comunidad, sino que ingresa a la cuenta única del Estado a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería Nacional.

En lugar de transferir el porcentaje correspondiente a las ganancias reales, el Gobierno central asigna una partida fija anual en el Presupuesto General del Estado, la cual es administrada por el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez (Fomisar).

• Recaudación real vs. entregada: De los aproximadamente RD$14,982 millones que debieron llegar a Fomisar entre 2015 y 2025 por la explotación de Barrick Pueblo Viejo, la provincia solo ha recibido RD$2,699 millones.
• Deuda acumulada: El monto retenido por el Estado supera los RD$12,283 millones, cifra que equivale a casi el doble de la inversión realizada en la construcción del teleférico de Santiago.
• Aumentos graduales: Aunque el asignamiento presupuestario pasó de RD$50 millones a RD$450 millones en los últimos años —esperando alcanzar RD$500 millones—, las entregas anuales no superan el 2 % de las ganancias estimadas de la minera, permaneciendo muy por debajo del 5 % legal.

El origen del fondo y el destino de los recursos

Expertos e investigadores han señalado fallas en la concepción y ejecución de estos recursos. Luis Humberto Vargas, investigador de la PUCMM, recordó que el reclamo original del 5 % fue impulsado por monseñor Juan Antonio Flores Santana para beneficiar directamente a las comunidades campesinas afectadas y no a la burocracia municipal. Por su parte, Rafael Eugenio Robles, docente de la UTECO, sostiene que "el Estado ha secuestrado el dinero" al sustituir el porcentaje legal por techos presupuestarios fijos.

Pese a las limitaciones financieras, Fomisar distribuye los fondos recibidos entre 15 asignatarios provinciales mediante un Plan Operativo Anual (POA) consensuado en mesas de trabajo comunitarias. Los recursos se destinan a:

• Construcción de canchas deportivas, campos de béisbol y escuelas.
• Edificación de iglesias, puentes, aceras y contenes.
• Programas de becas estudiantiles para jóvenes de las 13 demarcaciones de la provincia.

Llamado a revisar el contrato minero ante bonanza económica

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE), las empresas de minas y canteras incrementaron sus utilidades netas en un 36.3 %, alcanzando ingresos totales de RD$116,997.88 millones. Sin embargo, la falta de datos desagregados a nivel provincial por parte de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) dificulta medir el impacto real de esta riqueza en la zona de extracción.

Frente al alza del oro a US$5,000 la onza, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán de la PUCMM sugirió renegociar el contrato con la corporación minera. Entre las propuestas destacan cobrar por todos los metales presentes en el doré (incluida la plata), ajustar automáticamente las regalías estatales cuando suban los precios internacionales y crear un nuevo marco regulatorio que garantice una distribución equitativa e integral para las comunidades impactadas.