Violentas protestas en Bolivia por el retiro del subsidio a los combustibles dejan al menos cuatro policías heridos
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La Paz, Bolivia. — La eliminación del subsidio estatal a los combustibles desató este martes una jornada de fuertes disturbios en el centro político de Bolivia, luego de que una masiva movilización convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) derivara en violentos enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de la plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno y del Congreso Nacional.
Durante los incidentes, al menos cuatro agentes policiales resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos, según confirmaron fuentes oficiales. Los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al perímetro de seguridad, retirando vallas y presionando los cordones policiales desplegados para resguardar la zona.
La protesta reunió a cientos de trabajadores, principalmente mineros estatales y privados, maestros rurales y obreros fabriles. En medio de los enfrentamientos se registraron detonaciones de petardos y cargas de dinamita, un método recurrente en protestas del sector minero boliviano, lo que elevó considerablemente el nivel de riesgo en una zona altamente transitada de la ciudad.
La Policía respondió utilizando gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los manifestantes e impedir el acceso a la plaza. Los choques se concentraron en calles del casco histórico como Yanacocha, Comercio, Socabaya y Potosí, y se extendieron por más de 20 minutos, provocando caos vehicular y el cierre temporal de comercios.
Tras la dispersión, los manifestantes se replegaron hacia la avenida Mariscal Santa Cruz, una de las principales arterias de La Paz, que permaneció bloqueada durante varias horas. Situaciones similares se registraron en otras regiones del país, incluyendo bloqueos en El Alto y en rutas del departamento de Chuquisaca.
El conflicto surge tras la entrada en vigor del Decreto Supremo 5503, que eliminó completamente el subsidio a la gasolina y al diésel, vigente por más de 20 años. La medida provocó aumentos inmediatos del 86 % en la gasolina y del 162 % en el diésel, generando un fuerte impacto en el costo de vida.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz defendió la decisión, argumentando que la subvención era fiscalmente insostenible y que en 2026 representaría un gasto equivalente al 6,4 % del producto interno bruto. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, llamó a la calma y al diálogo, aunque advirtió que no se tolerarán hechos de violencia.
La COB, por su parte, responsabilizó a las fuerzas de seguridad por los enfrentamientos y anunció una huelga general indefinida, cuyo nivel de acatamiento aún es desigual. La Defensoría del Pueblo desplegó equipos de mediación en las zonas de conflicto, mientras comerciantes del centro de La Paz expresaron su preocupación por las pérdidas económicas en plena temporada previa a las fiestas.
El episodio representa el primer gran desafío social para el gobierno de Rodrigo Paz desde su asunción en noviembre y anticipa un escenario de alta tensión política y social en el país.
