Publicidad oficial por excepción queda sujeta a reglas estrictas en nuevo reglamento de Contrataciones Públicas
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anto Domingo, RD. — La contratación de publicidad oficial mediante el régimen de excepción quedará sometida a normas más estrictas y específicas, según lo establece el nuevo reglamento de aplicación de la reformada Ley de Contrataciones Públicas, con el objetivo de limitar la discrecionalidad y fortalecer los principios de transparencia y competencia en el uso de los recursos del Estado.
El reglamento, correspondiente a la Ley 47-25, introduce criterios precisos para la contratación de publicidad estatal a través de medios de comunicación social y plataformas digitales, reduciendo los márgenes de interpretación que anteriormente permitían decisiones discrecionales por parte de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).
Reglas claras para la contratación directa
En su artículo 167, el nuevo reglamento establece cinco pautas obligatorias para recurrir al procedimiento de excepción en la contratación de publicidad oficial. Entre las disposiciones principales figura que la orden de compra o el contrato debe celebrarse directamente con el medio de comunicación o con la plataforma titular del espacio publicitario, programa o canal de difusión.
Asimismo, el reglamento prohíbe expresamente la intermediación comercial, incluyendo agencias, representantes o terceros que puedan encarecer o distorsionar los precios del servicio contratado, cuando se utilice esta modalidad excepcional.
Antecedentes y observaciones de Contrataciones Públicas
Durante la pasada gestión de la Diecom, encabezada por Homero Figueroa, se realizaron contrataciones de publicidad bajo el régimen de excepción sustentadas en criterios como la confianza y experiencia del proveedor. Sin embargo, estas justificaciones fueron cuestionadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que había emitido previamente aclaraciones sobre el uso adecuado de ese tipo de procedimientos.
En 2024, mediante la Resolución RIC-114-2024, la DGCP concluyó que la justificación presentada por la Diecom para un proceso de excepción en evaluación no constituía una condición válida para aplicar ese mecanismo. La resolución respondió a una solicitud de investigación presentada por la Fundación Jurídica para la Defensa de los Pobres.
El proceso observado alcanzó un monto de 1,450 millones de pesos, beneficiando a las empresas Aordominicana, All Media, OMD Dominicana y Advanced Media Center. A inicios de 2025, estas mismas firmas volvieron a ser seleccionadas para contratos y adendas que totalizaron 2,700 millones de pesos.
Excepciones deben estar debidamente justificadas

Contrataciones Públicas reiteró que, para sustentar un procedimiento de excepción por exclusividad, las instituciones deben realizar un estudio previo de mercado, que demuestre la existencia de un número limitado de proveedores con capacidad real para atender la necesidad institucional.
La Ley de Contrataciones Públicas contempla el uso del régimen de excepción únicamente en circunstancias especiales, como emergencias nacionales, catástrofes, crisis sanitarias, asuntos de seguridad nacional o situaciones de urgencia debidamente justificadas. En el caso específico de la publicidad, solo se permite cuando la contratación se realiza de forma directa con los medios o plataformas, sin intermediarios.
Aclaración oficial y postura del sector privado
En un comunicado reciente, la DGCP aclaró que la contratación de centrales de medios, agencias de publicidad u otros intermediarios no está amparada por el procedimiento de excepción, por lo que dichos servicios deben contratarse mediante los procedimientos ordinarios, garantizando competencia, igualdad de trato y transparencia.
Por su parte, la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación y Comercio valoró positivamente el nuevo reglamento, señalando que este reconoce la contratación de agencias cuando aportan servicios profesionales con valor agregado, como estrategia comunicacional, creatividad, producción de contenidos, planificación de medios y evaluación de impacto, dentro de las modalidades permitidas por la Ley 47-25.
La entidad expresó su respaldo a los esfuerzos estatales orientados a tecnificar, optimizar y supervisar la inversión pública en comunicación y publicidad institucional.
Presupuesto para 2026
Para el año 2026, el Presupuesto General del Estado asigna 3,482.3 millones de pesos a las áreas de estrategia, comunicación, publicidad y prensa gubernamental, recursos que estarán sujetos a las nuevas disposiciones establecidas en el reglamento.




