Pandillas buscan influencia política ante el relevo del Consejo de Transición en Haití

El próximo 7 de febrero se perfila como una fecha clave en el ya frágil calendario político de Haití, con el relevo previsto del Consejo Presidencial de Transición (CPT). Sin embargo, analistas y organismos internacionales advierten que este proceso podría verse seriamente condicionado por el creciente poder de las pandillas armadas, que intentan convertir su control territorial en influencia política directa.

En el centro de esta preocupación se encuentra Viv Ansanm, una poderosa coalición criminal liderada por Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, que ha logrado consolidar una alianza inédita entre grupos históricamente rivales. Su objetivo, según expertos, no sería solo mantener el control de amplias zonas del país, sino asegurar garantías políticas, incluida una posible amnistía por los delitos cometidos durante años de violencia.

Del control territorial al cálculo político

Durante los primeros meses de 2024, la ofensiva de Viv Ansanm marcó un punto de inflexión en la crisis haitiana. El asedio a Puerto Príncipe, los ataques coordinados contra cárceles, edificios públicos y el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, y el colapso institucional que siguió, desembocaron en la salida del entonces primer ministro Ariel Henry.

Desde entonces, la coalición criminal no solo ha reforzado su presencia en la capital, sino que ha extendido su dominio hacia regiones estratégicas, controlando carreteras clave y rutas comerciales que conectan a Puerto Príncipe con el resto del país. Esta expansión ha permitido a las pandillas diversificar sus actividades, que ahora incluyen extorsión sistemática, contrabando, piratería y narcotráfico.

Violencia y control social

Organizaciones de derechos humanos describen un escenario alarmante para la población civil. En barrios enteros, las pandillas actúan como autoridad de facto, imponiendo normas, castigos y tributos. La violencia sexual se ha convertido en una de las herramientas más brutales de control, afectando de forma desproporcionada a mujeres y niñas.

“El uso de la violación como arma es constante y devastador”, advierten activistas locales, quienes denuncian que la impunidad y la ausencia del Estado han normalizado crímenes que ocurren a diario sin consecuencias para los responsables.

Una respuesta internacional limitada

La llegada de una nueva fuerza internacional de apoyo a la seguridad, aprobada por la ONU, está prevista de manera gradual a partir de abril, con un despliegue completo esperado para octubre. Esta fuerza sustituirá a la misión multinacional anterior, cuyo mandato expiró sin lograr estabilizar el país.

No obstante, especialistas alertan que la capacidad del sistema judicial haitiano es prácticamente inexistente, lo que pone en duda la posibilidad de procesar a miles de integrantes de las bandas si son capturados. Las cárceles están colapsadas y el aparato judicial carece de recursos, personal y credibilidad.

Un equilibrio frágil

Más allá del componente militar, expertos coinciden en que cualquier salida sostenible a la crisis requerirá reconstruir el Estado y cortar los vínculos históricos entre las élites políticas, económicas y las estructuras criminales. Sin ese paso, advierten, las pandillas seguirán teniendo incentivos para negociar desde una posición de fuerza.

Mientras se acerca la fecha del relevo del CPT, Haití enfrenta un dilema complejo: avanzar hacia una transición política en medio de la violencia o arriesgarse a que el poder de las armas termine moldeando el futuro del país. Para muchos haitianos, la esperanza de estabilidad sigue siendo tan frágil como el propio Estado.