Gobierno de Maduro admite muerte de Alfredo Díaz mientras la oposición denuncia abandono médico
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El gobierno de Nicolás Maduro confirmó este domingo el fallecimiento del dirigente opositor Alfredo Javier Díaz, de 56 años, mientras permanecía detenido en un centro de reclusión del Estado. Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y crítico abierto del oficialismo, estaba preso desde noviembre de 2024 acusado de cargos relacionados con “terrorismo” y “desestabilización”, tras las protestas generadas por las controvertidas elecciones presidenciales de ese año.
Según el comunicado oficial, Díaz sufrió una emergencia médica atribuida a un presunto infarto agudo de miocardio, por lo cual fue trasladado a un centro hospitalario. Las autoridades afirman que recibió atención inmediata, pero falleció minutos después.
No obstante, su familia y diversos sectores opositores ofrecieron un relato distinto. Su hija, Daliannys Díaz, denunció que el exmandatario regional padecía problemas de salud desde antes de su arresto y que, pese a múltiples solicitudes, nunca se le garantizó atención médica adecuada. Relató que durante su reclusión presentó episodios de desmayos, dolor torácico, dificultad respiratoria y otros signos que nunca fueron atendidos con seriedad.
La muerte de Díaz generó un rápido rechazo internacional. El gobierno de los Estados Unidos responsabilizó directamente al régimen venezolano, señalando que el caso refleja, una vez más, “la naturaleza abusiva y represiva” del aparato estatal. Organizaciones defensoras de derechos humanos añadieron que su fallecimiento ocurre en un momento de creciente tensión entre Caracas y Washington, marcado por operaciones militares estadounidenses en el Caribe que Venezuela ha interpretado como amenaza.
Grupos opositores afirmaron que con esta muerte aumenta a siete el número de presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado desde mediados de 2024. Dirigentes como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron un patrón de abusos sistemáticos que incluye falta de atención médica, aislamiento prolongado y torturas.
El activista Alfredo Romero, director de Foro Penal, insistió en que la muerte de Díaz debe ser investigada por organismos independientes, recordando que el dirigente solo obtuvo una visita familiar durante toda su detención y que su proceso judicial llevaba meses paralizado sin garantías elementales.
Mientras continúan las reacciones, organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen su llamado a la comunidad internacional para exigir transparencia, justicia y el cese de la persecución contra la disidencia en Venezuela.
