Gobierno colombiano y disidencia de Calarcá firman seis acuerdos clave en un ciclo marcado por el hermetismo

En medio de un ambiente de estricta reserva y fuertes tensiones políticas, el Gobierno de Colombia y la disidencia del Estado Mayor Central liderada por Calarcá Córdoba concluyeron el séptimo ciclo de diálogos con la firma de seis acuerdos fundamentales. Las negociaciones se desarrollaron en Campo Hermoso, Caquetá, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Aunque el presidente Gustavo Petro decidió no prorrogar el cese al fuego bilateral, ordenó suspender operaciones militares temporales para permitir el avance de las conversaciones. Este gesto abrió un espacio político para que ambas partes concretaran compromisos orientados a reducir la violencia y fortalecer la búsqueda de una salida negociada.

Un ciclo bajo total hermetismo

A diferencia de rondas anteriores, esta fase del diálogo se llevó a cabo con un nivel de confidencialidad inusual. Solo al cierre se revelaron los puntos acordados, lo que ha generado expectativas y también críticas de diversos sectores políticos y sociales.

Pese al silencio oficial durante los días de negociación, HolaRepública.com tuvo acceso al documento final en el que se detallan los compromisos entre el Gobierno y la disidencia.

Los seis acuerdos alcanzados

Los puntos pactados buscan sentar las bases para un proceso más estable y con mayor impacto en las comunidades afectadas por la violencia. Entre ellos destacan:

1. Desescalamiento del conflicto armado

Ambas partes se comprometieron a reducir la intensidad de las acciones ofensivas, con el objetivo de disminuir los riesgos para la población civil y evitar nuevos desplazamientos.

2. Desvinculación de menores

La disidencia comandada por Calarcá aceptó iniciar un proceso de entrega y protección de menores reclutados, un paso clave para garantizar derechos fundamentales y cumplir estándares internacionales de derechos humanos.

3. Garantías de acceso a tierras

Uno de los temas históricos del conflicto colombiano vuelve al centro: se acordó avanzar en mecanismos para facilitar el acceso a tierras productivas, especialmente para familias víctimas de la guerra y comunidades rurales.

4. Participación electoral

Se pactó un marco para promover la participación de sectores sociales y territoriales en procesos electorales y de gobernanza local. Aunque no implica participación política armada, sí abre espacios de representación civil en zonas golpeadas por la violencia.

5. Protección de líderes sociales

El Gobierno se comprometió a fortalecer esquemas de seguridad para líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos en regiones donde operan estructuras asociadas a Calarcá.

6. Nuevas reglas para el proceso de diálogo

Se definieron ajustes al funcionamiento de la mesa negociadora, incluyendo cronogramas, protocolos y mecanismos de monitoreo que permitan mayor transparencia y cumplimiento de compromisos.

Un panorama complejo para el Gobierno Petro

El avance de estos acuerdos llega en un momento delicado para el presidente Gustavo Petro, presionado por sectores políticos que exigen resultados concretos en su estrategia de “paz total”. La decisión de no extender el cese al fuego levantó críticas, pero la suspensión temporal de operaciones militares permitió evitar un quiebre definitivo en el proceso.

Por su parte, organizaciones sociales del Caquetá valoran el avance, pero advierten que la verdadera prueba será la implementación efectiva de los acuerdos en los territorios.

Lo que sigue

En las próximas semanas se espera que ambas partes definan la fecha y lugar del octavo ciclo de conversaciones. Para muchos analistas, los compromisos alcanzados representan una oportunidad para reconstruir la confianza, pero también una advertencia sobre la fragilidad de un proceso que enfrenta múltiples desafíos en el terreno.

Mientras tanto, las comunidades del Caquetá y del sur del país observan con cautela, esperando que estos acuerdos se traduzcan en hechos y no solo en promesas.