Defensa de Gonzalo Castillo denuncia presunto fraude procesal en caso de corrupción
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La defensa del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo volvió a cuestionar el proceso judicial en su contra, al insistir en que existen irregularidades que apuntan a un presunto fraude procesal en la actuación del Ministerio Público.
Durante una audiencia reciente, el equipo legal del exfuncionario presentó sus argumentos frente a la réplica de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), señalando inconsistencias tanto en el depósito de la acusación como en la obtención de pruebas clave.
Cuestionamientos sobre los plazos y el manejo del expediente
Los abogados sostienen que la acusación habría sido presentada fuera del plazo legal establecido. Según explicaron, existen documentos oficiales que muestran discrepancias en las fechas de envío y recepción del expediente entre distintas instancias judiciales.
De acuerdo con la defensa, el expediente fue remitido el 30 de abril de 2024, pero su recepción se habría producido 14 días después, pese a que ambas dependencias se encuentran en el mismo complejo judicial. Esta situación, afirman, genera dudas sobre la cadena de custodia y el manejo de las evidencias durante ese período.
Dudas sobre la validez de las pruebas
En el ámbito probatorio, el equipo legal cuestionó la legalidad de varias pericias presentadas por el Ministerio Público. Alegan que algunas de estas diligencias se realizaron sin la debida autorización judicial, incluyendo la extracción de información de dispositivos móviles.
Asimismo, indicaron que ciertos informes financieros habrían sido elaborados con documentación obtenida fuera de los procedimientos legales o en tiempos que consideran incompatibles con un análisis técnico riguroso.
Defensa insiste en falta de pruebas
Los abogados de Castillo aseguraron que la acusación carece de nuevos elementos probatorios y se basa en lo que califican como una teoría sin sustento sólido.
“Se pretende llevar este caso a juicio como si fuera un acto de fe”, expresaron, al tiempo que rechazaron que existan evidencias suficientes que vinculen directamente a su defendido con los hechos imputados.
Un proceso de alto perfil
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre presuntos actos de corrupción administrativa que involucra a varios exfuncionarios del Estado dominicano y que es llevada a cabo por la PEPCA.
Mientras el proceso avanza, la defensa mantiene su postura de que se han vulnerado garantías fundamentales, lo que podría incidir en el desarrollo del juicio en las próximas etapas.
