Propietarios del Jet Set se oponen a demolición y exigen peritaje técnico independiente

Santo Domingo. — Los propietarios de la discoteca Jet Set interpusieron formal oposición a la demolición de la estructura donde operaba el establecimiento, colapsada el pasado 8 de abril de 2025 y que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 80 heridas, solicitando que se preserve la escena para la realización de peritajes técnicos independientes.

La oposición fue presentada mediante acto de alguacil depositado ante la Dirección de Persecución del Ministerio Público por Antonio y Maribel Espaillat, junto a la entidad Inversiones E y L, S. R. L., con el objetivo de impedir cualquier intervención que altere los restos de la edificación antes de concluir las investigaciones técnicas correspondientes.

En el documento, los propietarios argumentan que la demolición del inmueble impediría determinar con precisión la causa raíz del colapso y afectaría su derecho constitucional a una defensa efectiva, al no permitir que peritos de su elección evalúen los elementos estructurales involucrados en la tragedia.

La defensa informó que ha solicitado formalmente la participación de expertos nacionales e internacionales en ingeniería forense y análisis estructural. Entre los especialistas propuestos figuran el ingeniero José M. Lockhart, con más de seis décadas de experiencia en ingeniería estructural, y Nicolás Saenz, miembro de la firma internacional Thornton Tomasetti, reconocida por su participación en investigaciones de colapsos emblemáticos como el de las Torres Gemelas y el edificio Champlain Towers en Florida.

Conflicto por recomendación de demolición

La controversia surge tras la emisión de un Informe Preliminar Técnico Pericial, solicitado por el Ministerio Público en julio de 2025, el cual recomienda la demolición inmediata de la estructura remanente por razones de seguridad.

En el acto ministerial presentado ante Ernesto Ortiz Reynoso, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los propietarios sostienen que la remoción de escombros o destrucción del inmueble antes de completar los peritajes independientes vulneraría garantías fundamentales del debido proceso.

Según la defensa, el acceso directo a los restos estructurales es indispensable para verificar los factores que provocaron el colapso y establecer responsabilidades de manera objetiva y técnica.

Los abogados advirtieron que cualquier intento de demolición o modificación de la escena en esta etapa podría constituir una violación directa a los derechos de las partes involucradas. No obstante, recordaron que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción determinó previamente que, aunque el peritaje es un derecho constitucional, la solicitud debe ser renovada conforme a lo establecido en el artículo 304 del Código Procesal Penal, dentro de la fase procesal correspondiente.

El caso continúa generando debate jurídico y social, mientras las investigaciones sobre una de las mayores tragedias estructurales del país siguen en curso.