Abinader nombra a Antoliano Peralta como primer ministro de Justicia de la República Dominicana

El presidente Luis Abinader designó este lunes a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, dando inicio formal a la operatividad de la nueva institución creada para fortalecer la institucionalidad del Estado y reducir la carga administrativa del Ministerio Público. El nombramiento fue realizado mediante el Decreto núm. 1-26, tras la entrada en vigencia de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia.

La creación del Ministerio de Justicia marca un hito en la estructura del Poder Ejecutivo, aunque el número de ministerios del Gabinete Central se mantiene en 23. La nueva cartera tendrá como misión principal asumir funciones administrativas, de coordinación y representación legal del Estado que hasta ahora recaían de forma dispersa en distintas dependencias públicas.

El Ministerio de Justicia fue concebido con el objetivo de permitir que fiscales y procuradores se concentren exclusivamente en la investigación y persecución de los delitos, mientras la nueva entidad asume tareas relacionadas con políticas públicas contra la criminalidad, derechos humanos, sistema penitenciario y representación judicial del Estado, exceptuando los procesos penales.

La figura del Ministerio de Justicia no es nueva en la historia dominicana. Sus orígenes se remontan a la Constitución de 1844, cuando existía bajo la denominación de Ministro Secretario de Justicia e Instrucción Pública. A lo largo de los siglos XIX y XX, la institución fue objeto de múltiples reformas, supresiones y restablecimientos, hasta desaparecer definitivamente como estructura independiente. Su reaparición responde a una tendencia regional, ya que países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España y Portugal cuentan con organismos similares.

El proceso legislativo que dio lugar a la Ley 80-25 se extendió por varios años y estuvo marcado por debates y observaciones. Aunque la iniciativa generó críticas en sectores de la oposición que advertían sobre posibles conflictos de competencias, el Poder Ejecutivo defendió la propuesta como un paso necesario para modernizar el sistema de justicia y mejorar la coordinación estatal.

Antes de promulgar la ley, el presidente Abinader devolvió el proyecto al Congreso con observaciones puntuales destinadas a aclarar el alcance de las funciones del nuevo ministerio y preservar la independencia de los demás órganos del sistema judicial. Dichas observaciones fueron acogidas por el Senado y aprobadas en una única lectura.

Antoliano Peralta, quien se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y participó directamente en la elaboración del proyecto de ley, aseguró que el Ministerio de Justicia permitirá centralizar funciones que históricamente estaban dispersas y que debilitaban la defensa legal del Estado. Señaló además que la institución coordinará la formulación de políticas públicas contra la criminalidad bajo las directrices del Poder Ejecutivo, sin interferir en las atribuciones del Ministerio Público.

La nueva entidad contará con seis viceministerios: Atención y Colaboración al Sistema de Justicia; Representación Judicial y Extrajudicial; Derechos Humanos; Políticas Públicas contra la Criminalidad; Políticas Penitenciarias y Correccionales; y Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía. También se prevé la adscripción de organismos autónomos, como la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Para su puesta en marcha, el Estado ha destinado un presupuesto de 4,175.7 millones de pesos, de los cuales el 80 % será utilizado en gastos corrientes y el resto en inversión de capital.

Según lo establecido en la ley, el Ministerio de Justicia comenzará a operar de manera gradual y deberá estar plenamente en funcionamiento a más tardar en enero de 2026. Con la designación de su primer titular, el Gobierno da el paso inicial para la implementación de una de las reformas institucionales más relevantes de los últimos años en el sistema de justicia dominicano.