República Dominicana autoriza uso logístico a EE. UU. en operaciones antidrogas que abarcan Venezuela y Haití
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a decisión del gobierno dominicano de permitir que Estados Unidos utilice áreas restringidas del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro ha generado un intenso debate nacional. Aunque el permiso se ha vinculado principalmente a la crisis entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro, nuevas evidencias indican que la operación también responde al creciente desafío del narcotráfico en Haití y el Caribe.
El presidente Luis Abinader anunció que estas instalaciones estratégicas servirán de apoyo logístico para la Operación Lanza del Sur, una ofensiva estadounidense destinada a reforzar la interdicción marítima y aérea contra redes criminales que operan en la región.
Un anuncio que sorprendió al país
El comunicado del mandatario, realizado el pasado miércoles, tomó por sorpresa a gran parte de la población. La reciente visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, coincidió con un pico de tensión entre Washington y Venezuela, lo que llevó a especulaciones sobre soberanía nacional y posibles implicaciones militares.
Mientras algunos sectores cuestionan la medida por considerarla una concesión excesiva, otros la ven como parte de una cooperación histórica entre ambos países.
La base legal de la autorización
El gobierno dominicano argumentó que la decisión se ampara en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995 y su ampliación mediante el Protocolo de Enmienda de 2003, convenios que establecen mecanismos de cooperación para combatir el narcotráfico internacional.
Antes de anunciar la aprobación, el presidente Abinader consultó a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, según una información difundida por el periodista Julio Martínez Pozo. Ninguno de los exmandatarios desmintió la versión.
Este detalle ha llamado la atención, pues evidencia que la decisión no fue improvisada, sino discutida a nivel político y diplomático.
Más allá de Venezuela: el factor Haití
Aunque la atención mediática se ha centrado en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, analistas señalan que la autorización dominicana también responde al alarmante deterioro de la seguridad en Haití.
El país vecino pasó de ser un Estado fallido a un territorio dominado por bandas armadas financiadas, en gran parte, por el narcotráfico internacional.
La relación entre Venezuela y Haití en esta materia no es nueva. En 2015, las autoridades haitianas y la DEA arrestaron a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, cuando intentaban traficar 800 kilos de cocaína. Ese caso reforzó las sospechas sobre la operación del llamado Cártel de los Soles.
Esa misma década, otro golpe revelador ocurrió con la captura de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, también detenido en Haití por su vinculación con redes de narcotráfico.
Estos episodios demuestran que Haití ha sido utilizado como punto de tránsito, almacenamiento y negociación para organizaciones criminales con conexiones políticas en varios países de la región.
RD en la primera línea contra el narcotráfico
La República Dominicana ha realizado históricas incautaciones de drogas en los últimos años, lo que evidencia la presión que ejerce el narcotráfico sobre su territorio debido al colapso de Haití y a la influencia del crimen organizado en Venezuela.
Para especialistas en seguridad, la autorización otorgada a EE. UU. no solo facilita operaciones en el Caribe venezolano, sino que fortalece la capacidad de vigilancia y respuesta en toda la región, especialmente ante la falta de control estatal en Haití.
Una decisión estratégica con impacto regional
El permiso concedido a Estados Unidos debe entenderse, según expertos, como parte de una estrategia más amplia que busca contener la expansión de carteles y bandas transnacionales que operan entre Venezuela, Haití y las rutas marítimas que bordean la República Dominicana.
Mientras continúa el debate sobre soberanía y cooperación internacional, el gobierno dominicano sostiene que su prioridad es proteger la seguridad nacional y combatir el narcotráfico, una amenaza que se ha vuelto más compleja y global.
