Pedro Castillo recibe más de 11 años de prisión por intentar quebrar el orden constitucional en Perú
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El expresidente peruano Pedro Castillo volvió a ocupar los titulares internacionales tras conocerse la sentencia dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que lo declaró culpable del delito de conspiración para la rebelión, en el marco del fallido intento de golpe de Estado ocurrido durante su mandato.
El tribunal impuso al exmandatario una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, descartando imputarlo directamente por rebelión, pero ratificando su responsabilidad en la tentativa de quebrar el orden democrático del país.
Coacusados también reciben condenas
La resolución alcanzó igualmente a tres exintegrantes de su entorno político más cercano: Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, quienes enfrentaban acusaciones por el mismo caso.
Reducción de pena para Aníbal Torres
En el caso del ex primer ministro Aníbal Torres, la Corte tomó en cuenta su avanzada edad —superior a los 80 años— para dictar una condena reducida de 6 años y 8 meses de cárcel, aunque rechazó de manera tajante la posibilidad de reemplazar la pena con arresto domiciliario o un régimen especial de vigilancia.
Suspensión temporal de la pena para dos implicados
La Sala Penal Especial también dispuso la suspensión provisional de la ejecución de la condena para Aníbal Torres y Willy Huerta, quienes actualmente permanecen en libertad. Esta medida se mantendrá hasta que una instancia superior revise y confirme la sentencia.
Multa millonaria e inhabilitación
Además de la pena privativa de libertad, el fallo contempla:
- Inhabilitación para ejercer funciones públicas,
- Y el pago de una reparación civil de 12 millones de soles, que deberá ser cubierta de manera solidaria entre los cuatro condenados.
Un capítulo más en la crisis política peruana
La sentencia marca un nuevo hito en la prolongada crisis institucional que vive Perú desde la abrupta caída del gobierno de Castillo, cuyo intento de disolver el Congreso en 2022 desencadenó su destitución inmediata.
Mientras el país continúa enfrentando tensiones políticas, este veredicto —que ahora deberá pasar por segunda instancia— se suma a la lista de procesos judiciales que pesan sobre el exmandatario y su círculo cercano.
